Apuntes para Opositores: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común - PARTE 1/2

Publicado en por Quiensab3

En esta publicación se hará hincapié en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un clásico en las preguntas tipo test en exámenes para pasar oposiciones.

En nuestra Playlist encontrarás éstos y más apuntes!

Definiciones según la RAE y el Diccionario panhispánico del español jurídico (por orden de aparición).

  • Régimen: "Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad".
  • Jurídico, ca. "Que atañe al derecho o se ajusta a él".
  • Acto administrativo: "Acto jurídico emanado de una Administración pública".
  • Acto jurídico: "Hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho, conforme a este".
  • Administración. "Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una parcela determinada de la vida social. Administración tributaria, militar, municipal, provincial, diocesana, etc".
  • Organismo. "Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o institución".
  • Derecho administrativo. "Parte del ordenamiento jurídico que regula las Administraciones públicas, su organización y sus servicios, así como sus relaciones con los ciudadanos".
  • Procedimiento: "Actuación por trámites judiciales o administrativos".
  • Derogar: "Dejar sin efecto una norma vigente".
  • Sin perjuicio: "Dejando a salvo".
  • Persona jurídica: "Organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones".
  • Resolución. "Acción y efecto de resolver o resolverse".
  • Expreso, sa. "Claro, patente, especificado".
  • Tácito, ta: "Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone e infiere".
  • Preceptivo, va: "Ordenado por un precepto" -Que es de obligado cumplimiento- .
  • Precepto: "Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad".
  • Facultativo, va. "Opcional, no obligatorio"
  • Presunto, ta: "Supuesto".
  • Recusación: "Acto tendente a apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo o un perito, por su relación con los hechos o con las demás partes".
  • Silencio administrativo: “la estimación o desestimación tácita que la Ley anuda al silencio de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido”.
  • Impugnar: "Interponer un recurso contra una resolución judicial".
  • Potestad: "Dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo".
  • Eficacia. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
  • Retroactividad: Extensión de la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a su entrada en vigor o a actos y negocios jurídicos.
  • Ordenamiento jurídico: "Conjunto de normas y principios jurídicos que rigen una sociedad".
  • Incoación: "Acción de incoar".
  • Incoar: "Comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna otra actuación oficial".
  • Vincular: "Sujetar a una obligación"
  • Multa coercitiva. "Multa que se reitera por plazos determinados para compeler al infractor al cumplimiento de la obligación que desatiende".

Normativa aplicable a nivel estatal

  • Constitución Española. 
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Norma derogada. Dicha norma se dispersó por las 2 leyes indicadas a continuación)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LPAC
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. LRJSP
- En esta Tabla de equivalencias de la ley 30/1992,, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, se puede ver una comparativa entre la ley derogada y las nuevas leyes, y que temario se ha incorporado a cada una de ellas.
- Otro enlace interesante, es el proporcionado por el Gobierno de España, en el punto de acceso general, administracion.gob.es

Apuntes para facilitar el estudio de las leyes

El texto que viene a continuación no es una réplica del texto original, sino un breve resumen de lo más destacado de cada artículo y a modo subjetivo e interpretativo en algunos casos. Para más información, consultad los textos completos de dichas leyes en el Boletín Oficial del Estado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LPAC.
  • Esta ley tiene por objeto regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.
  • Se estructura en 133 artículos, 7 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposiciones derogatoria y 7 disposiciones finales.
  • Articulo 1 - Objeto de la ley en este artículo.
  • Artículo 2 - El Sector público comprende: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la administración Local y el sector público institucional.  
  • Artículo 3 - Capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Personas físicas o jurídicas, menores de edad (cuando así lo permita el ordenamiento jurídico) y cuando una ley lo declare expresamente (grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos).
  • Artículo 4 - Concepto de interesados: Titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que puedan verse afectados por un procedimiento administrativo, sin haber iniciado el procedimiento o por una resolución (pudiéndose personar si no es definitiva).
  • Artículo 5 - La representación de otras personas físicas (con capacidad de obrar) y jurídicas (si está en sus Estatutos) ante la Administración Pública, puede ser acreditada por comparecencia personal, electrónica (en sede electrónica) o estando en el registro de Apoderamientos de la Administración Pública.
  • Artículo 6 - Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos y existirá el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
  • Artículo 7 - Si existe una pluralidad de interesados en una solicitud, se interactuará con el expresamente señalado o con el que figure primero.
  • Artículo 8 - Se comunicará la tramitación de un procedimiento a nuevos interesados (personas que puedan resultar afectadas en derechos o intereses de la resolución de un expediente), siempre que este no haya sido publicitado.
  • Artículo 9 - La identificación electrónica ante las Administraciones a través de los métodos citados en este artículo.
  • Artículo 10 - Sistemas de firma admitidos, en este artículo.
  • Artículo 11 - Uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
  • Artículo 12 - Las Administraciones Públicas deberán garantizar y asistir en el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración.
  • Artículo 13 - Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen el derecho de: Comunicarse con ellas electrónicamente, ser asistidos, utilizar lenguas oficiales en sus territorios, acceso a la información pública, a ser tratados con respeto, a exigir responsabilidades, protección de los datos de carácter personal, utilización de medios de identificación y firma electrónica y otros reconocidos en la Constitución y las leyes (Sin perjuicio art.53).
  • Artículo 14 - Relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas. Para las personas físicas es un derecho (éstas pueden elegir si se comunican con las Administraciones a través de medios electrónicos o no). Tienen la obligación (solamente vía electrónica): las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica (una comunidad de propietarios, por ejemplo),  colegiados que ejerzan una actividad profesional, representantes de interesados incluidos en esta categoría y empleados de las Administraciones Públicas para actuaciones como empleado público.
  • Artículo 15 - La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano (excepto en sedes en el territorio de una Comunidad Autónoma, en la que se podrá utilizar la lengua cooficial en ella). En administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, se ajustará según su legislación autonómica (excepto para documentos con efectos fuera de la propia comunidad, en la que la Administración instructora deberá traducirlos al castellano).
  • Artículo 16 -  Cada Administración dispone de un registro Electrónico General, en el que se podrán presentar documentos para su remisión a otros órganos administrativos, Organismos públicos o Entidades vinculadas o dependientes a dicha Administración y que estén integrados en el sistema de Interconexión de Registros (Orden HAP/566/2013). Los documentos dirigidos a las Administraciones Públicas, podrán presentarse: en el registro electrónico de la propia Administración u otro de los anteriores, en las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas (si te encuentras en el extranjero), en las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) y cualquier otro establecido por ley.
  • Artículo 17 - Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, deberán permanecer en un archivo de documentos electrónico único, por el tiempo establecido por normativa.
  • Artículo 18 - Términos de colaboración de las personas con la Administración en el ejercicio de sus competencias: facilitar informes, inspecciones y otros actos (salvo atentar contra el honor, intimidad personal, etc.)
  • Artículo 19 - En caso de comparecencia (obligatorio solo si así esta previsto por ley), en la citación constará: lugar, fecha, hora, medios, objeto y efectos de no comparecencia.
  • Artículo 20 - Los interesados pueden exigir responsabilidad de la tramitación a la Administración Pública correspondiente.
  • Artículo 21- La administración tiene la obligación de resolver de forma expresa y notificada (exceptuando los supuestos de terminación de procedimiento por pacto o convenio y el deber de declaración responsable o comunicación). El plazo máximo para notificar la resolución viene fijado por norma reguladora, sin exceder de los 6 meses (cuando dichas normas no fijen plazo máximo, el plazo será de 3 meses). A propuesta razonada, se podrán añadir medios personales y materiales para cumplir con el plazo.
  • Artículo 22 - La suspensión del plazo máximo para resolver. Se podrá suspender si: Cuando se requiera la aportación de nuevos documentos, cuando se esté a la espera de un pronunciamiento o un procedimiento no finalizado por parte de un órgano de la Unión Europea , cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma u otra Administración, en caso de realizarse pruebas técnicas durante el tiempo necesario, cuando se inicien negociaciones y cuando se esté a la espera de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Se suspenderá si o si: Cuando una Administración requiera que anule o revise un acto (que entiende que es ilegal o fuera de competencias), cuando se prevea alguna de las actuaciones del art. 87
  • Artículo 23 - Cuando incluso con la ampliación de medios personales y materiales no se llega a plazo, excepcionalmente, se podrá acordar una ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Los interesados no podrán interponer recurso a esta ampliación. 
  • Artículo 24 - El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado se entiende por estimado (se acepta la petición, demanda o recurso) una vez pasado el plazo máximo sin una notificación expresa por parte de la Administración (a excepción de que diga lo contrario una norma con rango de ley o una norma de la Unión Europea).  Se entiende el silencio por parte de la Administración por desestimado (se deniega la petición, demanda o recurso) cuando se trate de la realización de actividades que puedan dañar al medio ambiente (por ejemplo, al solicitar una licencia ambiental, un silencio administrativo supone que no puedes empezar a realizar dicha actividad), en procedimientos de responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a petición del interesado.
    • En tal caso, y después de interponer un recurso de alzada (art.121) contra dicha desestimación, se entenderá por finalmente estimado si pasado el plazo el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa (a excepción de los casos citados con anterioridad).
    • La estimación por SILENCIO se considera un acto administrativo que finaliza el proceso, por lo que no se podrá cambiar el sentido del mismo a posteriori.
    • La desestimación por SILENCIO no se considera un acto administrativo, pero permite al interesado interponer un recurso (de alzada, de reposición o de contencioso-administrativo ; art.112-126). Se puede cambiar el sentido del mismo a posteriori en una resolución expresa por parte de la Administración.
  • Artículo 25 - La falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio está incumpliendo la premisa de obligación de resolver, por lo que se derivan 3 situaciones: se entenderá silencio desestimado ("en procedimientos que puedan derivar en reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables"),  se producirá caducidad (ser archivaran las actuaciones "en los procedimientos sancionadores o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen") y interrupción del plazo ("en los procedimientos paralizados por causa imputable al interesado").
  • Artículo 26 - Las Administraciones Públicas realizarán la emisión de documentos por escrito y a través de medios electrónicos.  Se consideran documentos válidos aquellos que: Esten en un soporte electrónico y formato legible, identificado y diferenciado, incorporen una referencia temporal, tengan los metadatos mínimos exigidos e incorporen la firma electrónica. No requerirán firma electrónica los documentos de carácter informativo o que no formen parte de un expediente administrativo.
  • Artículo 27 - La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tendrán un registro de los funcionarios habilitados en sus administraciones para la realización de la digitalización, copias auténticas de documentos (se considerarán con la misma validez y eficacia que los originales o documentos compulsados entregados por los interesados y se deberán incluir en el documento digitalizado los metadatos que acrediten su condición de copia electrónica). Los documentos en formato papel una vez digitalizados y convertidos en copias electrónicas auténticas, serán devueltos al interesado que los ha aportado.
  • Artículo 28 - Los documentos aportados por los interesados a un procedimiento administrativo, no tienen que aportarse de nuevo si ya se encuentran en poder de la propia Administración u otra (el interesado tendrá que indicar el momento y ante que órgano presentó dicha documentación para su búsqueda). Los informes preceptivos emitidos por otros órganos, deberán ser remitidos en 10 días desde la solicitud al órgano que tramita el procedimiento o informar al interesado para que lo pueda aportar ante el órgano tramitador.
  • Artículo 29 - Los Términos y plazos establecidos por esta u otras leyes son de obligado cumplimiento por parte de el personal de las Administraciones públicas y por parte de los interesados.
  • Artículo 30 - En el cómputo de plazos, todas las horas de un día hábil, son horas hábiles. La notificación o publicación de un acto, se contará desde la hora y el minuto en el que tenga lugar. Sábados, domingos y festivos no son días hábiles. Solo se tendrán en cuenta si específicamente así se declara en una ley o Derecho de la Unión Europea, y se especificará que el cómputo para los plazos es en días naturales. Los plazos expresados en días, meses o años, se contarán a partir del día siguiente a la notificación, publicación, estimación o desestimación por silencio administrativo. Los plazos en meses y años, se cuentan hasta el mismo día del mes o año de vencimiento (por ejemplo, del 10 de Enero al 10 de Febrero), en caso de no haber día equivalente, el plazo será hasta el último día del mes (por ejemplo, del 31 de Enero al último día de Febrero, 28 o 29 según el año, si llegamos a Marzo estaríamos fuera de plazo; A no ser que el último día del mes sea inhábil, en tal caso se prorroga el plazo al primer día hábil siguiente. Si hay diferencias de días hábiles o inhábiles entre Comunidades o Municipios y el órgano administrativo, se considera inhábil en todo caso.
  • Artículo 31 - En los registros electrónicos se permitirá la presentación de documentos todos los días del año (24h). En caso de presentar un documento de forma electrónica en un día inhábil, se entenderá como entregado en la primera hora del primer día hábil siguiente para el cómputo de los plazos, y por orden de hora en la que se presentó (por ejemplo, si hay dos documentos, uno en sábado y otro domingo, primero se anotará el del sábado).
  • Artículo 32 - En algunas circunstancias, se podrá acordar una ampliación de los plazos, no mayor a la mitad de los mismos, de oficio o a petición del interesado. La ampliación por el tiempo máximo permitido será en casos de trámites en el extranjero, misiones diplomáticas  y oficinas consulares. Dichas ampliaciones solo podrán pedirse antes del vencimiento del plazo original, nunca después. También es posible una ampliación de plazos no vencidos por alguna incidencia técnica en la Administración, debidamente publicada en la sede electrónica y con la concreción del nuevo plazo.
  • Artículo 33 - Por razones de interés público, se podrá acordar una tramitación de urgencia (se reduce el plazo a la mitad), de oficio o a petición del interesado. No cabrá recurso alguno contra este acuerdo.
  • Artículo 34 - Los Requisitos de los actos administrativos y el contenido de estos será en base al ordenamiento jurídico y al procedimiento establecido.
  • Artículo 35 - La motivación en los actos administrativos (dejar constancia de las razones por las que la Administración ha resuelto de una forma u otra) es obligatoria en los casos siguientes: Actos que limiten derechos o intereses legítimos, actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio y recursos administrativos, actos con criterio diferente al dictamen de un órgano consultivo, acuerdos de suspensión de actos, de tramitación de urgencia y ampliación de plazos, actos que rechacen pruebas de los interesados, actos de acuerdo de terminación de procedimiento por imposibilidad de continuarlos, actos de potestades discrecionales (cuando hay más de una opción válida y se elige una de ellas), actos de resolución en procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
  • Artículo 36 - La forma de los actos administrativos será por escrito y a través de medios electrónicos (a menos que su naturaleza exija otra forma). Si un órgano administrativo ejerce su competencia de forma verbal, se dejará una constancia escrita por parte del funcionario o titular del órgano inferior que lo reciba. Nombramientos, concesiones o licencias podrán refundirse en un único acto (por ser de la misma naturaleza).
  • Artículo 37 - Inderogabilidad singular en la eficacia de los actos. Una resolución de carácter particular no podrá vulnerar una disposición de carácter general. Una resolución administrativa se considera nula si vulnera una disposición reglamentaria o alguna de las causas del art.47.
  • Artículo 38 - Ejecutividad. "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley".
  • Artículo 39 - Los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y con efectos desde la fecha en la que se dicten (a no ser que se indique en ellos lo contrario).  La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo determine el propio acto o sea necesario esperar a notificación, publicación o aprobación superior. Un acto anulado puede ser sustituido por otro y otorgársele una eficacia retroactiva. Cuando una Administración tenga que dictar un acto con base a otro dictado por una administración distinta y crea que incurre en una ilegalidad, podrá requerir una anulación o que se revise el acto (si este requerimiento es rechazado, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo).
  • Artículo 40 - Se hará la notificación de todas las resoluciones dictadas y los actos administrativos a los interesados dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido cursado. Dicha notificación deberá contener: el texto íntegro de la resolución, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa (en caso de que ponga fin a la vía, nos indica que NO hay un órgano superior al que dirigirnos, por lo que NO podremos poner un recurso de alzada) y la vía por la cual se pueden presentar los recursos, órgano y plazos.
  • Artículo 41 - Condiciones para la práctica de las notificaciones. Las notificaciones se harán por vía electrónica (a excepción de: por comparecencia del interesado en las oficinas de asistencia en materia de registro y así lo solicite y en casos en los que haya que asegurar una entrega directa a un empleado público). Las notificaciones serán válidas si se tiene constancia de su recepción o acceso por parte del interesado. Los interesados que NO estén obligados a recibir notificaciones electrónicas (véase art.14) podrán elegir el método por el que quieren ser notificados. Casos en los que NO se notificará por vía electrónica:  en actos acompañados de elementos que no sean convertibles a formato electrónico, los que contengan métodos de pago  a favor de los obligados, tales como cheques y cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo elegido. El rechace a una notificación, se hará constar en el expediente, dando por finalizado el trámite y siguiendo con el procedimiento.
  • Artículo 42 -Práctica de las notificaciones en papel. Todas la notificaciones en papel deberán encontrarse en la sede electrónica, para el acceso voluntario del interesado. Cualquier persona mayor de 14 años puede hacerse cargo de una notificación entregada en el domicilio del interesado (con identificación). Si la notificación no fuese entregada, se repetirá el intento una vez más (dentro de los 3 días siguientes y en una hora de distinta franja, antes de las 15 horas o después, al contrario de la hora del primer intento y con un margen de 3 horas entre intentos). Si no se puede entregar la notificación, se considera infructuosa (art. 44)
  • Artículo 43 - La práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos; Se entiende por entregada la notificación en el momento en el cual el interesado accede a la notificación de la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Se entenderá por rechazada cuando hayan pasado 10 días naturales sin que se haya accedido a su contenido.
  • Artículo 44 -La notificación se hará por medio de un anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado>>, el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o Consulado correspondiente cuando haya sido una notificación infructuosa o domicilio desconocido del interesado.
  • Artículo 45 - Los actos administrativos serán objeto de publicación, entendiéndose como notificación, en los casos siguientes: Cuando el destinatario sea una pluralidad indeterminada de personas, cuando sea aconsejables por razones de interés público, cuando se trate de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva (por ejemplo, unas oposiciones).
  • Artículo 46 - En caso de que una haya notificaciones y publicaciones que puedan lesionar derechos o intereses legítimos, se limitará el contenido de estas a una simple indicación del contenido y el lugar de comparecencia para conocer el contenido íntegro del acto.
  • Artículo 47 - Los actos administrativos se consideran nulos de pleno derecho (quedan anulados): Los que lesionen los derechos y libertades (especificados en el art.15-30 de la Constitución Española), los dictados por un órgano incompetente por razón de la materia o del territorio, los que  tengan un contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal, los dictados prescindiendo del procedimiento legal establecido, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico (obteniendo facultades y derechos cuando se incumplía con los requisitos) y cualquier otro dictado por Ley. También serán nulas las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las disposiciones sancionadoras no favorables con carácter retroactivo.
  • Artículo 48 - Son anulables (que se pueden anular): Los actos de la Administración que incurran en infracción del ordenamiento jurídico (por ejemplo, desviación de poder), el defecto de forma (en caso de no cumplir con los requisitos indispensables o se produzca una indefensión del interesado) y en caso de estar fuera del tiempo establecido por términos o plazos.
  • Artículo 49 - Límites de la nulidad o anualidad. Si un acto administrativo o parte de este ha sido declarado nulo o puede serlo, NO implica que los procedimientos sucesivos independientes, o partes independientes, del primero también lo sean, "salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado".
  • Artículo 50 -"Conversión de actos viciados. "Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste".
  • Artículo 51 - Se dispondrá a la conservación de actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual sin la infracción cometida.
  • Artículo 52 -Los actos anulables se pueden subsanar y convalidar de nuevo. La convalidación es un acto que producirá efecto desde su fecha (excepto en los que se aplique retroactividad). La convalidación se hará mediante un superior jerárquico (en caso de nulidad por incompetencia) o por el mismo órgano competente (en caso de falta de alguna autorización).
  • Artículo 53 - Los Derechos del interesado en el procedimiento administrativo constituyen las garantías del procedimiento, que son: el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente y resolución (se podrá obtener copia de todos los documentos, en el Punto de Acceso General electrónico para aquellos quienes tengan la obligación de relacionarse con la Administración de forma electrónica). También tienen derecho a: Identificación de las autoridades y personal responsables del tramite de los procedimientos, a NO presentar documentos originales, salvo que la norma así lo dicte, a NO presentar datos o documentos NO exigidos o que ya se encuentren en poder de la Administración, a formular alegaciones (aportar datos o valoraciones para que se reconsidere la decisión), a obtener información acerca de requisitos jurídicos o técnicos, a ser asistido por un asesor, a cumplir con las obligaciones de pago u otros que reconozca la ley o la Constitución. A ser notificado de las infracciones y sanciones por las que se les imputen y a la presunción de NO existencia de responsabilidad administrativa hasta que no se demuestre lo contrario.
  • Artículo 54 -Clases de iniciación. "Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado".
  • Artículo 55 - Se podrá abrir un periodo de información y actuaciones previas (determinar los hechos y los responsables de una circunstancia de naturaleza sancionadora, por ejemplo), antes del inicio del procedimiento. Estas actuaciones se realizarán por órganos que tengan atribuidas estas funciones.
  • Artículo 56 -Se podrán adoptar medidas provisionales como: la suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, retirada o intervención de bienes o servicios, embargo preventivo, depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, retención de ingresos y otras medidas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución , de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. No se podrán adoptar medidas que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación o de violación de derechos. Estas medidas podrán alzarse o modificarse durante la tramitación o extinguirse cuando tenga efecto la resolución (fin del procedimiento).
  • Artículo 57 - Se podrá disponer la acumulación de trámites y procedimientos de identidad sustancial o íntima conexión y no cabrá recurso alguno.
  • Artículo 58 - Se llevará a cabo la iniciación de oficio, por iniciativa propia (art.59), por orden de un superior (art.60), a petición de otros órganos (art.61) o por denuncia (art.62).
  • Artículo 59 - Iniciación de oficio del procedimiento por iniciativa propia, proviene del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos.
  • Artículo 60 -Iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de orden superior (orden emitida por un  órgano administrativo superior jerárquico al órgano tramitador del procedimiento).
  • Artículo 61 -Iniciación de oficio del procedimiento por petición razonada de otros órganos (propuesta de otro organismo sin competencia para iniciar el procedimiento y que tiene conocimiento de hechos o conductas que pueden ser objeto de un procedimiento). Dicha petición puede ser rechazada de forma motivada. por el órgano al que se le ha hecho la propuesta.
  • Artículo 62 -Iniciación de oficio del procedimiento por denuncia (una persona pone en conocimiento a un órgano administrativo la existencia de un hecho que podría ser objeto de inicio de un procedimiento). Las personas o persona que pone la denuncia deberá identificarse y relatar los hechos que pudieran incurrir en infracción administrativa. En caso de que dicha denuncia se refiere a un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación de dicho procedimiento deberá ser motivada y notificada a los denunciantes. Un denunciante, que a la vez haya participado en la infracción y existan otros infractores, quedará eximido del pago de la multa u otros tipos de sanciones (siempre y cuando sea el primero en aportar pruebas y repare el perjuicio causado) o se reducirá su importe. Presentar una denuncia (por si sola), no concede la condición de interesado.
  • Artículo 63 -Iniciación del procedimiento de naturaleza sancionadora (siempre de oficio y con dos órganos administrativos, uno para la fase de instrucción y otro para la de sanción). Una vez tramitado el procedimiento se podrá imponer la sanción.
  • Artículo 64 -Acuerdo de Iniciación de oficio del procedimiento de naturaleza sancionadora. La incoación se comunicará al denunciante, el acuerdo de iniciación incluirá: identificación de los presuntamente responsables, los hechos, la calificación (puntuación) y las posibles sanciones, la identificación del instructor, el órgano competente, las medidas de carácter provisional, una indicación del derecho a alegaciones y excepcionalmente, se realizará un Pliego de cargos (cuando no exista calificación inicial de los hechos).
  • Artículo 65 -Iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial (siempre que NO haya prescrito el derecho a reclamar por parte del interesado, art.67). Se notificará a los particulares presuntamente lesionados el acuerdo de iniciación del procedimiento. En un plazo de 10 días se podrán aportar las alegaciones, los documentos, la información o las pruebas pertinentes. Se iniciará el procedimiento aunque dichos particulares no se personen.
  • Artículo 66 - La iniciación a solicitud del interesado se llevará a cabo mediante una solicitud o formulario con los datos siguientes: Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico (incluyendo también un lugar físico en caso de elegir notificaciones en papel y no por vía electrónica, aunque el aviso de "tienes una notificación" debe llegar igualmente al correo electrónico facilitado),  hechos, razones y petición concreta, lugar y fecha, firma y órgano, centro o unidad a la que se dirige la solicitud. En caso de haber una pluralidad de interesados con un contenido idéntico o similar, se podrá formular en una única solicitud. Se podrá exigir un recibo que acredite fecha y hora. En las Administraciones Públicas, tanto en físico como en las sedes electrónicas podrán disponer (voluntariamente) de modelos o sistemas normalizados de solicitud (será obligatorio rellenar un modelo concreto en caso de que así se establezca). 
  • Artículo 67 -Iniciación a solicitud del interesado del procedimiento de responsabilidad patrimonial . Siempre que NO haya prescrito el derecho a reclamar por parte del interesado, que será al año de haberse producido el hecho o el acto que indemnizar o manifestar como lesivo. En caso de daño físico o psíquico se computará a partir de la curación o determinación de las secuelas. En caso de indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa será al año de haberse notificado resolución o sentencia definitiva. En caso de lo dispuesto en el art.32.4 y art.32.5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la reclamación prescribirá será al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
  • Artículo 68 - Iniciación a solicitud del interesado. En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos, se requerirá al interesado que en un plazo de 10 días realice la subsanación y mejora de la solicitud (aportar los documentos que falten, por ejemplo). En procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, se podrá ampliar hasta 5 días cuando puedan haber dificultades especiales en la incorporación de documentos. Las personas que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración (art.14) no pueden presentar solicitudes presencialmente, y se les requerirá que lo subsanen si así lo hacen. 
  • Artículo 69 - Iniciación a solicitud del interesado. Declaración responsable (documento en el que se manifiesta que se cumple con los requisitos establecidos por normativa para obtener un derecho o facultad para realizar un ejercicio o actividad, que se está en posesión de la documentación acreditada y que lo pondrá a disposición de la Administración si ésta se lo requiere) y comunicación (documento con datos identificativos, y otros datos relevantes necesarios para poder iniciar una actividad o un ejercicio de derecho). Las Administraciones podrán requerir de esta documentación en cualquier momento y el interesado debe aportarla, al igual que la Administración tiene la facultad de comprobación, control e inspección de la de lo aportado. Solo será exigible aportar una de las dos, la declaración responsable o la comunicación, según el tipo de actividad tipificada en la normativa correspondiente. Las Administraciones tendrán modelos de declaración responsable y de comunicación siempre accesible a los interesados.
  • Artículo 70 - Ordenación del procedimiento. El expediente Administrativo es el conjunto ordenado de documentos en formato electrónico (pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, junto con un índice numerado de todos los documentos y copia electrónica certificada de la resolución) de las actuaciones llevadas a cabo hasta dictar la resolución. No formarán parte del expediente la información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos, etc.) salvo que sean de carácter preceptivo y facultativo (de instrucciones técnicas o especializadas).
  • Artículo 71 - Ordenación del procedimiento. El impulso es la obligación de la Administración en resolver con celeridad (prontitud, rapidez), transparencia y publicidad,  una vez iniciado el procedimiento y sin la necesidad de una actuación por parte de el interesado. Los expedientes se resolverán por orden de incoación (por orden de llegada) en asuntos de homogénea naturaleza, salvo una orden motivada. El incumplimiento del impulso dará lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias.
  • Artículo 72 - Ordenación del procedimiento. La concentración de trámites implica acordar (según principio de simplificación) en un solo acto todos los trámites que admitan un impulso simultaneo y no se deban cumplimentar de forma sucesiva.
  • Artículo 73 - Ordenación del procedimiento. El cumplimiento de trámites por parte de los interesados se podrá realizar en el plazo de 10 días a partir del día siguiente a la notificación o cuando la Administración considere necesario en cualquier momento del procedimiento.  (excepto si por norma se indica otro plazo).
  • Artículo 74 - Ordenación del procedimiento. Las cuestiones incidentales ocurridas durante el procedimiento, no suspenderán su tramitación (exceptuando la recusación).
  • Artículo 75 - Instrucción del procedimiento. El acto de instrucción de los expediente administrativos es aquel en el cual se verifican los hechos de base para la resolución final. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. "En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento".
  • Artículo 76 - Instrucción del procedimiento. "Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio". En todo momento los interesados podrán alegar defectos de tramitación, paralización, infracción en plazos u omisión de trámites e incluso exigir responsabilidades disciplinarias si así se demuestra.
  • Artículo 77 - Instrucción del procedimiento. Medios y período de prueba, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil. Cuando NO se tengan por ciertos los hechos alegados, el instructor del procedimiento podrá abrir un periodo de pruebas no superior a 30 días ni inferior a 10 días (salvo excepciones). La valoración de las pruebas practicadas deberán incluirse en la propuesta de resolución en caso de ser determinantes para la correcta evaluación de los hechos. Los informes emitidos por un órgano administrativo se considerarán de carácter preceptivo (obligatorio) y se entenderán como prueba admisible. 
  • Artículo 78 - Instrucción del procedimiento. La práctica de pruebas (las admitidas por el instructor) se comunicará a los interesados con la antelación suficiente, indicando lugar, fecha y hora de la prueba. El interesado puede ir acompañado de un asistente técnico. Las pruebas a petición del interesado que implique gastos NO asumibles por la Administración, podrán ser exigidos en forma de anticipo.
  • Artículo 79 - Instrucción del procedimiento. La petición de informes preceptivos necesarios para resolver se hará citando el precepto que los exija o fundamentando la conveniencia de reclamarlos.
  • Artículo 80 - Instrucción del procedimiento. En la emisión de informes, salvo disposición expresa, los informes serán facultativos y no vinculantes (opcionales y que No es obligatorio actuar conforme al resultado). Los informes serán emitidos mediante medios electrónicos en el plazo de 10 días (salvo disposición que diga lo contrario). En caso de tratarse de un informe preceptivo y no cumplir con el plazo establecido, se podrá suspender el plazo máximo establecido (art.22). En caso de ser un informe facultativo se podrá seguir con las actuaciones y el informe no podrá ser tenido en cuenta para la resolución (pero sí sancionar al responsable de la demora).
  • Artículo 81 - Instrucción del procedimiento. El el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo el informe del servicio que haya ocasionado la presunta lesión, con un plazo de 10 días para su emisión. Para indemnizaciones iguales o superiores a 50.000€ (o lo que establezca la legislación autonómica o la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de Abril, del Consejo de Estado) será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo e la Comunidad Autónoma. "El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley".
  • Artículo 82 - Instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, los interesados podrán presentar alegaciones, documentos y las justificaciones pertinentes. "La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma". En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días (excepto si los interesados manifiestan no presentar documentación, en tal caso se dará por realizado el tramite). En caso de procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario en todo caso dar audiencia al contratista.
  • Artículo 83 -El período de información pública se podrá acordar cuando la naturaleza de éste lo requiera, dejando constancia del plazo para formular alegaciones (NUNCA inferior a 20 días) y a disposición de cualquier persona física o jurídica. "La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado", aunque sí tienen derecho a obtener una respuesta razonada por parte de la Administración.
  • Artículo 84 - Terminación. Pondrán fin a procedimiento: la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Será un acto motivado en todo caso.
  • Artículo 85 - Terminación en los procedimientos sancionadores. Si el infractor reconoce su responsabilidad, se resolverá el procedimiento con la sanción pertinente. "Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción".
  • Artículo 86 - Terminación convencional. "Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción". "Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano".
  • Artículo 87 -Resolución-  Actuaciones complementarias.  El acuerdo de realización de actuaciones complementarias (informes motivados indispensables para resolver el procedimiento) se notificará a los interesados, en un plazo de 7 días para las alegaciones y deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
  • Artículo 88 -Resolución. El contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento responderá a todas las cuestiones planteadas (por los interesados o derivados) de forma motivada según los casos del art.35En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver. "La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma".
  • Artículo 89 -Resolución. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, en las siguientes circunstancias: La inexistencia de los hechos, cuando los hechos no resulten acreditados, cuando los hechos probados no constituyan infracción administrativa, cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento (forma motivada de los hechos probados, calificación jurídica, infracción, sanción, valoración de las pruebas y medidas provisionales tomadas, si fuera el acaso) y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
  • Artículo 90 - Resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción son de mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días. "La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa".
  • Artículo 91 - Resolución. En los procedimientos  en materia de responsabilidad patrimonial, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente. Será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida (valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización). Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización transcurridos 6 meses (del inicio del procedimiento) sin notificarse resolución expresa.
  • Artículo 92 -Resolución-  Competencias en los procedimientos  en materia de responsabilidad patrimonial: En el ámbito de la Administración General del Estado,  se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros. En el ámbito autonómico y local, por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde.
  • Artículo 93 -Desistimiento y renuncia por la administración. "En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes"
  • Artículo 94 -Desistimiento y renuncia por los interesados. "Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos". "Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento".
  • Artículo 95 - Caducidad. Requisitos y efectos. "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes".
  • Artículo 96 - Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento (con notificación a los interesados y siempre que éstos no manifiesten su oposición a ello). En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial (cuando la relación entre el funcionamiento del servicio y la lesión fuera inequívoca) o cuando en procedimientos de naturaleza sancionadora se califique como leve la infracción, se podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado (resolución en 30 días, desde la notificación). Si exigiera la realización de un trámite no previsto, se deberá tramitar de manera ordinaria.
  • Artículo 97 - Ejecución. "Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico".
  • Artículo 98 -Ejecutoriedad. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, excepto cuando: Se produzca la suspensión de la ejecución del acto, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior. Formas de pago (derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública): Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria u otros.
  • Artículo 99 - Ejecución forzosa. "Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial".
  • Artículo 100 - Los Medios de ejecución forzosa (respetando el principio de proporcionalidad) serán: Apremio sobre el patrimonio (art.101), ejecución subsidiaria (art.102), multa coercitiva (art.103) y compulsión sobre las personas (art.104).
  • Artículo 101 - Apremio sobre el patrimonio. Obtener del interesado el pago de una deuda embargando sus bienes muebles e inmuebles. Se emplea para cobrar deudas líquidas (más info. en el enlace).
  • Artículo 102 - Ejecución subsidiaria. Pueden ser realizados por un sujeto distinto del obligado, al que se le exigirá el importe de los gastos, daños y perjuicios (más info. en el enlace).
  • Artículo 103 - Multa coercitiva. Según la RAE; "Multa que se reitera por plazos determinados para compeler al infractor al cumplimiento de la obligación que desatiende" (más info. en el enlace).
  • Artículo 104 - Compulsión sobre las personas. "Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa" (más info. en el enlace).
  • Artículo 105 - Ejecución. Prohibición de las acciones posesorias. "No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido"(más info. en el enlace).
  • Los artículos referentes a la Revisión de oficio y a los Recursos administrativos, se encuentran en la siguiente publicación:

Fuentes

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - Dle.rae.es
  • Diccionario panhispánico del español jurídico - Dpej.rae.es
  • Sede.administracion.gob.es
  • Diba.cat
  • Derechoadministrativoyurbanismo.es
  • Conceptosjuridicos.com
  • Contencioso-adminisrativo.es
  • Guiasjurídicas.wolterskluwer.es

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Ale 05/06/2021 13:32

Gracias!!! soy un autentico desastre para resumir o sacar lo más importante de la ley y con estos resúmenes me has ayudado mucho